El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión cuando podían hacerse en forma directa.
La Policía intenta determinar si el robo fue cometido por personal de la comuna o por terceros ajenos a la institución, así como si se trató de un hurto común o se buscaba información sensible.